La Contraloría aprobó el reglamento de la “Ley Uber”. La norma establece exigencias específicas para conductores, autos y sanciones ante incumplimientos.
La regulación para las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify en Chile ya es una realidad. La Contraloría General de la República dio luz verde al reglamento que desarrolla la llamada Ley Uber, el cual será obligatorio un mes después de su publicación en el Diario Oficial.
Este nuevo marco legal busca establecer estándares mínimos para conductores, vehículos y empresas que operen bajo la modalidad de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT).
No obstante, Uber advirtió que, si el reglamento se hubiera implementado tal como estaba antes de los ajustes introducidos por el Ministerio de Transportes, alrededor de 100 mil conductores habrían perdido su principal fuente de ingresos, lo que representa aproximadamente la mitad de quienes trabajan en estas plataformas.
Según los datos recogidos por el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cerca de 52 mil personas utilizan estas aplicaciones como su primera o segunda actividad laboral.
En paralelo, un estudio publicado en diciembre por el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), antes de que se introdujeran los cambios al reglamento, estimó que unas 35.992 personas podrían verse perjudicadas y sin empleo con la entrada en vigencia de la normativa.
Requisitos clave para ser chofer de apps de transporte
Con la entrada en vigencia de esta normativa, quienes deseen trabajar como conductores en aplicaciones deberán cumplir con una serie de exigencias que buscan profesionalizar el servicio y resguardar la seguridad de los usuarios.
En primer lugar, tanto las empresas como los conductores deberán estar inscritos en un registro administrado por la Subsecretaría de Transportes. Esta inscripción habilitará a los choferes para operar únicamente dentro de la región en la que se hayan registrado.
El reglamento establece un plazo de seis meses para inscribirse, luego del cual se suspenderá el ingreso de nuevos conductores por 18 meses. En ese lapso, solo se permitirá el ingreso de reemplazos para quienes se den de baja del sistema.
En cuanto a la documentación requerida, los conductores deberán contar con la licencia profesional A2 para el transporte de pasajeros. Sin embargo, durante el primer año de aplicación de la ley, este requisito no será obligatorio, tal como lo señala el artículo tercero transitorio.
Además, de forma semestral, los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes a la empresa correspondiente. Este documento debe demostrar que el chofer no posee condenas por delitos sexuales, infracciones a la Ley de Drogas, conducción en estado de ebriedad o bajo sustancias ilícitas.
Condiciones que deben cumplir los vehículos
El reglamento también impone normas estrictas para los automóviles que presten servicios mediante estas plataformas. Solo podrán ser registrados hasta dos vehículos por persona natural, siempre que estén debidamente inscritos en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil.
Cada automóvil deberá aprobar la revisión técnica cada seis meses, y cumplir con un requisito que ha generado controversia: deben tener un motor de al menos 1.400 cc y no superar los 10 años de antigüedad. Esta última condición es más exigente que la impuesta a los taxis tradicionales, cuyo límite es de 12 años.
El reglamento establece una batería de sanciones para quienes infrinjan las disposiciones de la ley. Las personas que entreguen información falsa se exponen a multas que van desde 3 a 10 UTM (aproximadamente entre $204.918 y $683.060). En caso de reincidencia, la multa sube a entre 6 y 20 UTM ($409.836 a $1.366.120).
