Pese a que ostentaba cargos de responsabilidad pública, la autoridad no canceló deudas lo que le significó incluso enfrentar un embargo y ser declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia.
Pablo Silva Amaya, gobernador de la región de O’Higgins desde 2021, que busca un nuevo periodo al mando de la Gobernación, enfrenta una serie de controversias que van desde problemas legales y cuestionamientos administrativos hasta conexiones familiares comprometedoras. Su carrera pública, que incluye roles como intendente y seremi, ha estado marcada por conflictos que han puesto en duda su ética y capacidad de gestión.
Si bien tiene un origen de esfuerzo y superación, la trayectoria de Silva Amaya está marcada de demandas por deudas impagas y problemas judiciales. En 2014, mientras era seremi del MOP, fue embargado por el no pago de un pagaré de 4,7 millones de pesos, abonando solo una cuota. Durante su periodo como intendente (2016-2018), enfrentó múltiples demandas: en 2020, Entel lo acusó de no pagar servicios por 1,8 millones de pesos, lo que lo dejó en rebeldía al no presentarse a la audiencia de conciliación.
En 2022, la Intendencia fue demandada por deudas millonarias en proyectos de mejoramiento vial. Uno de los casos más graves involucró una demanda de 195 millones de pesos por incumplimientos contractuales.
Uso cuestionable de recursos públicos
La administración de Silva ha sido objeto de múltiples objeciones por parte de la Contraloría General de la República. Una de las polémicas más significativas fue la transferencia de más de 400 millones de pesos a la fundación “Amigos Saludables”, una operación que se detuvo por no justificar adecuadamente los fondos. Adicionalmente, la Corporación O’Higgins Crea, que presidía Silva, recibió críticas por depender excesivamente de recursos gubernamentales. Aunque se habían planeado transferencias por más de 1.300 millones de pesos, la controversia pública obligó a reducirlas a 700 millones.
Comentarios desafortunados
En 2014, Pablo Silva Amaya generó una fuerte polémica durante un acto oficial al referirse de forma sarcástica a las concejalas presentes como “señoritas”. En su intervención, expresó: “Saludar a las señoritas… no me quedé muy convencido de eso de ‘las señoritas’, que las tres son señoritas, las concejalas. Vamos a creer eso”. El comentario fue ampliamente criticado por colectivos feministas y la Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins, que lo calificaron como un reflejo de machismo y una actitud que perpetúa la sociedad patriarcal. Sin embargo, Belén Atenas Gálvez, una de las concejalas aludidas, consideró que el comunicado emitido por la federación no reflejaba su perspectiva y la vulneraba aún más, generando un debate sobre el alcance y las interpretaciones del incidente.
Conexiones familiares y un pasado comprometedor
Los cuestionamientos sobre Silva no se limitan a su figura, ya que los problemas legales de su hermano, Eduardo Silva Amaya, también han levantado sospechas. Eduardo fue acusado en 2007 de amenazas, daños y violación de morada, utilizando como domicilio el mismo que Pablo Silva había declarado en el pasado en Rancagua.
Además, Eduardo Silva apareció involucrado en el “Caso Coimas” en 2007, cuando trabajaba como asesor del entonces senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Fue detenido por una presunta estafa a 43 familias temporeras, quienes acusaron haber sido defraudadas por 20 millones de pesos destinados a la compra de terrenos habitacionales. Este caso dejó un fuerte impacto en la reputación del entorno cercano al gobernador Pablo Silva Amaya.
