DIPUTADOS RN RECURREN A LA CONTRALORÍA PARA QUE INICIE SUMARIO EN LA JUNAEB POR RETRASO EN LICITACIONES DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN QUE PONDRÍA EN JAQUE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN MARZO 

Política

Parlamentarios piden al Contralor que solicite información tanto a la directora nacional de la JUNAEB como al Ministro de Educación. 

Los diputados de Renovación Nacional integrantes de la Comisión de Educación, Hugo Rey y Marcia Raphael, junto a Carla Morales y Diego Schalper, solicitaron a la Contraloría General que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también, del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).  

Para los diputados de RN esta situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, indica el diputado Hugo Rey.  

Por su parte, el diputado Diego Schalper dijo que: “Junto a los diputados Rey, Raphael y Morales, hemos solicitado que la Contraloría investigue a fondo lo que está pasando en la JUNAEB. Este gobierno no tiene acostumbrados a tapar con la palabra ‘desprolijidad’, lo que son incompetencias graves que afectan a los chilenos. En este caso, miles de niños quedarán sin su computador a tiempo, y arriesgan sus becas de alimentación. Es hora que se hagan responsables”. 

Respecto de los programas PAE y PAP, se establecen que han existido tres licitaciones y que con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos y que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación y que ahora se intenta controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas. 

Producto además de las condiciones de postulación de las empresas, se presentó ante el Tribunal de Contratación Pública, basado en un supuesto actuar “ilegal y arbitrario” por parte de JUNAEB al excluir deliberadamente a empresas  de mayor tamaño y que habían sido parte de  licitaciones anteriores. Así se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que implicaría -para los parlamentarios- que sea difícil que se cumpla con los plazos para dar cumplimiento a la compra y distribución de las raciones. 

Respecto de la beca BAES que aumentó en $5.000, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.  

Para el diputado Hugo Rey, lo que está sucediendo con la JUNAEB, “es alarmante y merece profundos cuestionamientos que el Estado, contando con los recursos suficientes para llevar adelante los procesos de licitación, llegue al punto de precarizar las condiciones alimenticias de millones de niños, niñas y adolescentes -en especial de aquellos con menores recursos- que esperan que dicha prestación sea proveída por el Estado en el marco del programa educacional”.  

Para los parlamentarios queda en “evidencia una transgresión al principio de celeridad que rige para los procedimientos administrativos y a los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos en nuestro ordenamiento a través de la Ley N° 18.575, constituyendo un imperativo para la Administración, cuya inobservancia puede llegar a constituir una transgresión del principio de probidad administrativa, el cual se encuentra extensamente recogido en nuestra Constitución y en leyes que informan la función pública como la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.  

Además, el artículo 7 inciso segundo de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo prescribe que “Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión”. 

Esta norma plasma dos aspectos fundamentales, el primero, en el sentido de evitar la dilación en la tramitación de los procedimientos y el segundo, dice relación con el carácter abierto que tiene el procedimiento administrativo en el sentido de entablar mayor protagonismo a la administración durante la configuración del mismo, convirtiendo aquella facultad, en un poder discrecional exclusivo de la administración dada la injerencia que tiene en todos los actos del procedimiento.  

Esta dilación injustificada de un procedimiento -entonces- “como es el caso de las fallidas licitaciones, podría inclusive configurar un quebrantamiento a la probidad, ya que la responsabilidad de llevar adelante un proceso en un momento determinado recaería exclusivamente en el jefe de la unidad respectiva”. 

Para los diputados, se trataría de una vulneración del principio de servicialidad recogido en el primer artículo de nuestra Constitución y en el artículo 3 inciso primero de la ley N°18.575. De acuerdo con este último, “La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal”.  

Finalmente, los parlamentarios de RN piden al Contralor General que solicite la información necesaria tanto de la Directora Nacional de la JUNAEB, Camila Rubio como al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, disponiendo de un sumario administrativo, ya que “la falta de continuidad de un servicio que beneficia a miles de niños, niñas y adolescentes transgrede directamente normas de carácter fundamental, que dicen relación con la obtención del bien común y su rol instrumental en pro de la dignidad de la persona”. 

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