En un avance sin precedentes hacia la justicia y la equidad, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Este nuevo servicio, con un presupuesto asignado de aproximadamente 12 mil millones de pesos, marca un hito crucial en la lucha por garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia para todas las víctimas de delitos en el país.
Desarrollado a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, este servicio integral de alcance nacional se dedica a proporcionar asesoría, representación jurídica, y atención integral a las víctimas, asegurando su derecho fundamental al acceso a la justicia. Entre sus objetivos también se encuentra la promoción de soluciones colaborativas, incluida la mediación familiar, enfocándose en una justicia más reparadora y accesible.
El parlamentario de Renovación Nacional destacó que esta iniciativa, que ahora procede al Senado para su segundo trámite legislativo, “es el resultado de años de esfuerzos y colaboración transversal, incluyendo el apoyo clave de figuras políticas como el ex presidente Piñera, el ex diputado Fuenzalida y el ministro de Justicia. Este proyecto refleja un compromiso firme con la corrección de desequilibrios históricos en la defensa y protección de las víctimas, especialmente aquellas de delitos violentos y de bajos recursos, que anteriormente se encontraban en una posición de vulnerabilidad y desamparo”.
Asimismo, agregó que: “Cuántas veces escuchamos a la gente decir ya no creo en la justicia porque hice la denuncia y nadie me acompañó, me llegó una carta de que mi causa se archivaba, se acabó la justicia para quienes tienen recursos y la justicia muy distinta para quienes no pueden costear su defensa. Hoy día el Estado tiene que hacerse cargo, si es que este proyecto se aprueba en el Senado, de las víctimas que hoy día están desprotegidas principalmente porque no tienen cómo pagar un abogado, el Estado les provee a uno”.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas funcionará como un servicio público desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su estructura incluirá direcciones regionales y un consejo asesor de estándares para asegurar la calidad y eficacia del servicio en todo el territorio nacional.
“Este esfuerzo simboliza un cambio paradigmático hacia una sociedad más justa, donde el acceso a la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Hoy, celebramos un momento histórico para Chile, un paso gigante hacia adelante en la lucha por combatir la impunidad. Este es un día de esperanza, un testimonio del poder de la perseverancia y la unidad en la búsqueda de un futuro mejor para todos los chilenos”, cerró.