Menos de 24 horas después que la Cámara de Diputados y Diputadas rechazara la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, la misma sala votó el informe emanado por la Comisión Especial Investigadora de orden público que deja en evidencia la falta de deberes de la secretaria de Estado. Ciento ocho votos aprobó los resultados, lo que deja en clara evidencia la inconsecuencia de los parlamentarios oficialistas y del Partido Republicano. Un “voltereta” de nivel olímpico.
En el documento evacuado por la CEI se deja constancia que “Gendarmería, servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha otorgado beneficios intrapenitenciarios o carcelarios que adolecen de un carácter de ilegalidad”. Esto en alusión a los primos José y Luis Tralcal, condenados por su participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, que fueron beneficiados con salida dominical y trimestral.
Para el jefe de bancada de diputados de RN, Andrés Longton, “la comisión habla de ilegalidades y de renuncia del gobierno a sostener condenas criminales, abonando con ello a la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país. Por otra parte, se establece una responsabilidad de la ministra (Marcela Ríos) que, a juicio de la comisión, limita críticamente con la falta de deberes, con expresa referencia a las normas de la ley de bases y orgánica del Ministerio de Justicia en las que se dispone la dependencia jerárquica de Gendarmería respecto de dicha cartera de Estado. Hay una evidente inconsistencia entre lo que se declara en este informe y la defensa de la exministra”.
Sí, porque el informe también queda claro que se comprobó que el acuerdo suscrito en la Cárcel de Angol (19 de julio) tras una huelga de hambre protagonizada por internos pertenecientes al pueblo mapuche, “se produce un inédito hecho de coacción y violencia” protagonizado por personas ajenas al penal, que “concurre a este y ejercen medidas de presión contra funcionarios de Gendarmería”. Esto, según abunda el documento, llevó a la realización de una reunión entre los internos, un ‘representante’ de las personas apostadas en el exterior, Víctor Queipul, y el director regional de Gendarmería”.
Tras esta, se concretó el traslado de dos internos, además de conceder permisos de salida a otros. Este hecho se suma a los traslados que se accedió para Víctor Queipul, César Millanao Millanao, Orlanzo Sáez Ancalao y Óscar Pilquiman (estos cuatro últimos llevados de Lebu al CET de Cañete), quienes mantenían una huelga de hambre.
Situaciones como las descritas en el informe de la CEI, avalan la acusación constitucional debatida el miércoles último y rechazada por diputados y diputadas oficialistas, mismos que al día siguiente aprobaron por amplia mayoría las conclusiones de la Comisión. Una voltereta inexplicable en menos de 24 horas.
